Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta de Servicios, la Asesoría Jurídica ha venido desarrollando en el año 2018 las funciones habituales de información, asistencia y asesoramiento en las áreas que le son propias, a solicitud de las empresas asociadas y sus componentes, bien de forma individual o colectiva.

En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios:

Si bien sigue constituyendo una de las consultas habituales, se ha detenido el aumento constatado en el anterior ejercicio, disminuyendo la solicitud de información y modelos para el planteamiento del procedimiento judicial Monitorio de reclamación de cantidad.

Como se destaca todos los años, la actuación en este ámbito de reclamaciones es doble: buscar solución al puntual incumplimiento contractual por parte del acreedor, así como animar a las distintas Asociaciones y sus componentes a adoptar hábitos y protocolos de actuación que favorezcan el cobro de tales cantidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en general (redacción de contratos y presupuestos, justificación documental de las intervenciones o actuaciones con los clientes, etc.) y es que, pese a la insistencia en tal tema, sigue siendo frecuente el comprobar que, ante situaciones de morosidad o impago, no se posee más documentación acreditativa de la obra o servicio realizados que las facturas emitidas por el asociado, con la problemática que implica tal falta de prueba en reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

El porcentaje de éxito de acuerdos y transacciones extrajudiciales en reclamación de cantidad es, lamentablemente escaso, por lo que se han promocionado entre los asociados formulas lo menos gravosas posibles para la reclamación judicial de deudas. En este sentido se promueve y facilita entre asociaciones y asociados información y modelos de reclamación judicial mediante el Procedimiento Monitorio.

Las renegociaciones de créditos y documentación (reconocimientos) de deudas siguen siendo, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, una materia de consulta habitual en la Asesoría

Continuando la dinámica ya puesta de manifiesto en el anterior ejercicio, han disminuido drásticamente los expedientes de concurso judicial de acreedores, si bien se siguen planteando dudas sobre ejecuciones y cumplimientos de convenios de concursos de anteriores ejercicios.

Al igual que anteriores ejercicios se mantiene el supuesto habitual (en autónomos y micropymes) del caso de conversión de las líneas de crédito – a la hora de su renovación – en préstamos personales con exigencia de gran número de garantías o afianzamientos personales.

Sin embargo, se nos traslada por los asociados la sensación de una mayor facilidad de acceso al crédito en general.

No constituye novedad y se reitera como una de las materias fundamentales en la Asesoría ejercicio tras ejercicio, en especial lo referente a contenido y plazo de las mismas.

Se reitera la obligación legal de tenencia de Hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores, en especial en actividades con atención directa al público, recordando la necesidad de emplear el nuevo modelo existente, haciendo notar que el mismo incluye la opción de sumisión voluntaria a arbitraje.

Como en otros ejercicios, por el Consejo Aragonés de Consumo, y dada nuestra condición de vocales –  a través de CEPYME – en tal institución, se ha informado de las campañas de inspección en materia de Consumo han promovido, tanto en ámbito nacional como autonómico, las autoridades de consumo, habiéndose prestado colaboración en labores de difusión de las mismas por medio de notificación al efecto (circulares) a los Asociados.

Se destacan – por habituales – las campañas generales de rebajas, precios, contratación, etc. Así como las sectoriales (talleres, centros de estética, servicios financieros, etc). Ha sido la actividad de centros dentales (I Dental, etc) la que ha centrado gran parte de los esfuerzos y medios de la Dirección General de Consumo en fechas recientes.

Al igual que indicábamos en la Memoria del pasado ejercicio, siguen realizándose intervenciones ante el Tribunal Arbitral de Consumo, como vocal / componente en representación de las organizaciones empresariales. La intervención ha descendido respecto a otros años dada la realización de convenios directos de las Asociaciones con el organismo de Consumo y que se traduce en la posibilidad de designación de árbitros por las mismas, haciendo menos necesaria la intervención de la Federación. Es esta sede los temas fundamentalmente dilucidados y que afectan con frecuencia a asociados, se refieren a las siguientes materias (por orden de incidencia):

Se promueve el empleo de fórmulas contractuales de sumisión al arbitraje para la resolución de conflictos de interpretación y/o aplicación de las relaciones comerciales, habiéndose comprobado igualmente no solo un incremento del número de asuntos, sino también de la entidad económica y jurídica de los mismos.

Se ha continuado en la línea de fomentar la participación directa de las Asociaciones en la labor arbitral, mediante la suscripción de nuevos convenios de adhesión a las fórmulas de arbitraje con designación simultánea de árbitros por las propias asociaciones. El proceso – con entrega de distintivos al efecto y campaña pública por las autoridades de consumo – se mantiene al igual que en ejercicios anteriores.

Como datos estadísticos, y tal y como se hace constar en la información institucional de Consumo, el porcentaje de laudos favorables a los empresarios se sigue situando en una cifra media cercana (ligeramente inferior) al 50% de los emitidos, y de los mismos sigue desprendiéndose normalmente la necesidad de recordar a los Asociados la necesidad de cumplir con la correcta y adecuada documentación de las relaciones comerciales con los consumidores (contratos, presupuestos, etc.).

Como aspecto negativo, se encuentra la sensación, extendida en algunos sectores empresariales, de que las facilidad y gratuidad de los servicios de arbitraje de consumo pudiera promover en ocasiones la querulancia y uso abusivo de los mismos por los consumidores como fórmula de obtención de ventajas o beneficios en detrimento del empresario. Desde la Asesoría, se atienden y controlan los posibles casos.

Relacionado con esta materia, han sido frecuentes las gestiones y consultas en materias accesorias, como la del registro de subcontratación y la inscripción de empresas licitantes en los registros públicos al efecto, así como las garantías de cobro por el subcontratado y la posibilidad del ejercicio de la acción directa contra la administración en caso de impago del contratista.

Además de esas materias – habituales – se añade este ejercicio las posibles discordancias propias de la practica derivada de la entrada en vigor de la nueva normativa de contratación pública (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), en especial las derivadas de los contratos de menor entidad, reflejo del nuevo criterio legal de priorización en la formación de lotes contractuales para permitir el acceso a Pymes: calificación o no de los licitantes, pliegos con exigencias técnicas o de producto determinado, problemas de valoración por el abandono del criterio del precio, etc.

Como en otros años se recuerda, por lo que de acceso a información de alto nivel y vía de planteamiento de consultas supone para las Asociaciones, la participación de CEPYME  en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón: CEPYME Aragón lleva ya tiempo participando en este organismo, pero debe recordarse nuevamente – en especial tras las últimas novedades legislativas habidas en el tema de contratación pública – que parte de la problemática habitual de la contratación (conflictos interpretativos o de aplicación o pliegos o contratos públicos, reclamaciones o consultas) pueden tener un cauce de solución a través de la solicitud de informes o recomendaciones a la citada Junta Consultiva o, mediante el planteamiento de recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. (TAPCA – Recurso especial en materia de contratación)

Como novedad, desde su constitución el 19 de septiembre de 2017, se participa igualmente en el Foro de Contratos Públicos de la CA de Aragón, creado para complementar a la Junta Consultiva y con la intención de ejercer foro de debate y recepción de los intereses de los distintos agentes sociales y la administración en el uso de la herramienta de planificación económica que constituye la contratación pública en general. No es tanto un órgano de carácter técnico sino de comunicación e intercambio de los intereses de los agentes que participan en la contratación, todo ello en línea de la nueva legislación sobre la materia.

Sigue prestándose colaboración a las mismas, habiéndose reducido significativamente la línea de creación de nuevas asociaciones (consultas en tal sentido) habidas en ejercicios anteriores.

Se siguen planteado consultas al efecto, muchas veces motivadas por campañas de marketing muy agresivas llevadas a cabo por empresas dedicadas a prestar servicios en tal materia y que motivan dudas en los asociados.

Se insiste en la importancia del cumplimiento de esta normativa, con advertencia de las sanciones previstas para el caso de incumplimiento y la peligrosidad que supone el no cumplimiento de los – sencillos – trámites legales previstos,

Se mantienen las consultas de los Asociados sobre los trámites y gestiones necesarias para el alta y registro de las bases de datos de carácter personal, informándose de la posibilidad de realizar tal gestión telemáticamente ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.

Se mantienen las consultas sobre los llamados “listados de morosidad”, habiéndose recordado en varias ocasiones las limitaciones legales para su uso, tanto por la normativa de protección de la competencia, como por la propia de datos de carácter personal.

La novedad este ejercicio vino marcada por la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como la publicación posterior de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que ha exigido a las empresas – en un proceso que continua en la actualidad – un necesario proceso de adaptación.

Se ha promocionado el uso de la herramienta informática FACILITA, que se encuentra en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, para realizar el alta y dar cumplimiento a gran parte de las exigencias legales en tal materia para PYMES y autónomos, habiéndose realizado un elevado número de charlas, exposiciones y jornadas en asociaciones (no solo de la FEMZ y en Zaragoza, sino en otras localidades), explicando el contenido de la reforma.

Se siguen planteando gran número de peticiones de intervención de esta Asesoría (derivadas en ocasiones al área de la Asesoría Laboral) para supuestos de transmisión y/o sucesión de pequeñas empresas, de carácter familiar, tanto a familiares, como a empleados o terceros, con ramificaciones en los temas fiscales, laborales (sucesión de plantillas, etc).

Muchas de las consultas se deben a las manifiestas dificultades de las empresas de mantener la actividad dentro de umbrales de rentabilidad admisibles, que llevan a provocar el adelantamiento de las situaciones de cierre o jubilación. Muchas de las consultas han venido motivadas, a su vez, por el cambio de la normativa laboral en materia de jubilación o prolongación de la vida laboral (Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, o la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, por ejemplo).

Además de las habituales (y anunciadas con antelación) campañas de Consumo (y de las de carácter fiscal que se detallarán en informe aparte) se han constatado requerimientos de la Administración en materias tales como:

Se hace referencia a esta materia – al igual que en ejercicios anteriores – por lo que de llamativo tiene la escasa repercusión en lo que a consultas o intervenciones de esta Asesoria ha tenido una norma (Ley 25/2015, de 28 de julio) de especial trascendencia en situaciones de iliquidez o insolvencia. El escaso uso de tal herramienta legal, viene pareja al descenso de situaciones de concurso.

Siguen siendo habituales las consultas realizadas en esta materia, motivadas por las noticias y campañas informativas de asociaciones de consumidores al efecto.

Se constata que las sentencias habidas en tal materia hacen más fáciles los acuerdos transaccionales con las entidades bancarias.

La nueva Ley L 39/2015, de procedimiento administrativo común y la L 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y su entrada en vigor el 1 de octubre del 2016 han supuesto – y así se ha informado y contestado a diversas consultas sobre el tema – una pequeña revolución en la relación de las empresas (en especial las que adoptan formas de persona jurídica) con la imposición de la forma de comunicación electrónica como única posible con las AAPP, además de otras novedades de gran calado (registro de apoderamientos, etc)

Durante el año 2018 (al igual que en el 2017) se ha reiterado constantemente entre los asociados, y no únicamente entre los asociados personas jurídicas (únicos obligados de momento), la importancia de no quedar rezagados en tal materia, evitando en lo posible la llamada “brecha digital” en la relación con las Administración y con otras entidades.

• Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

• Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
• Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
• Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

• Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

• Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

• Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

• Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

• Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. – Disposición derogada

• Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

• Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.  – Disposición derogada

• Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

• Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

• Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

• Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

• Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

• Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

• Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras.

• Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

• Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

• Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. – Disposición derogada

• Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

• Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 

• Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.

• Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
• Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón.
• Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018.
• Ley 3/2018, de 19 de abril, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.
• Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
• Ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón.
• Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
• Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.
• Ley 9/2018, de 28 de junio, de modificación de la ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de policías locales de Aragón.
• Ley 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Ley 11/2018, de 20 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Aragón.
• Ley 12/2018, de 20 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón.
• Ley 13/2018, de 4 de octubre, de creación del Colegio de Economistas de Aragón por fusión de los Colegios Oficiales de Economistas de Aragón y de Titulados Mercantiles de Aragón.
• Decreto-ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.
• Decreto-ley 3/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto dependientes de financiación externa.